Cada vez son más las mujeres que se constituyen como la columna vertebral de la economía rural, especialmente en los países en desarrollo. Ellas representan casi la mitad de los agricultores del mundo, y en las últimas décadas han ampliado su participación en la agricultura. El número de hogares dirigidos por mujeres también ha aumentado a medida que más hombres han emigrado a las ciudades.

Como cuidadoras principales de sus familias y comunidades, las mujeres son responsables de proveer alimentos y nutrición, y son el nexo que vincula las explotaciones agrícolas y los comedores de los hogares.

Muchas mujeres rurales trabajan hasta 16 horas diarias (60 a la semana), pero la mayoría de ellas no recibe pago directo por su trabajo, ya sea en tareas domésticas, de agricultura, comercialización u otro tipo. En el caso de las jornaleras temporeras, algunas investigaciones han calculado que realizan turnos de entre 8 a 17 horas, debiendo luego encargarse del hogar.

Teniendo presente estos condicionamientos, existen nueve grandes categorías de mujeres rurales, según las clasifica la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados, organismo dependiente la Secretaría de Agricultura:

  1. Productoras no intensivas: no trabajan la tierra directamente, pero compran insumos, cuidan los huertos familiares y la ganadería mayor.
  2. Productoras intensivas: realizan las tareas anteriormente señaladas, pero además trabajan en el predio y toman decisiones como jefa de explotación o como familiar no remunerado.
  3. Habitantes rurales: no tienen tierra y venden su fuerza de trabajo generalmente en la rama de servicios.
  4. Mujeres vinculadas a la pesca: realizan tareas asociadas a la pesca y a la recolección de algas, en forma asalariada (temporeras o permanentes) o en forma independiente.
  5. Asalariadas agrícolas permanentes: venden su fuerza de trabajo en forma permanente.
  6. Asalariadas agrícolas temporales: trabajan principalmente en la cosecha, procesamiento y empaque de fruta de exportación, flores, y en algunos casos de subproductos de la pesca. Fenómeno en aumento desde la década de los 80. Pueden vivir o no en zonas rurales.
  7. Artesanas: trabajan en la producción y comercialización de artesanías (textiles, alfarería, cestería, etc.).
  8. Microempresarias: participan en forma individual o asociada en la producción y comercialización de productos de procesamiento agroindustrial (mermeladas, conservas, etc).
  9. Recolectoras: dependiendo de las zonas geográficas, se dedican a la recolección y venta de frutos o productos que crecen en forma silvestre (hongos, moras, etc).
FUENTE: Panorama Agroalimentario 2019. Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

Las mujeres rurales son mucho más importantes de lo que normalmente la sociedad y ellas mismas creen, el aporte de su trabajo es decisivo para que los ingresos del grupo permitan mantener a la familia fuera de la pobreza o disminuir los efectos de ésta en muchísimos hogares rurales.

FUENTE: Panorama Agroalimentario 2019. Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
FUENTE: Panorama Agroalimentario 2019. Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

Las mujeres y el acceso desigual a la propiedad de la tierra en México

Durante la sesión virtual titulada “Acciones afirmativas desde la política pública hacia las jornaleras agrícolas”, Lina Pohl, representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en México, destacó que en el país sólo 30 por ciento de las mujeres tienen derecho sobre la tierra y sólo tres de cada 10 mujeres recibe un salario por su trabajo.

Añadió que la mayoría de las mujeres trabajadoras del campo tiene educación primaria incompleta y 31 por ciento de las localidades rurales carecen de algún establecimiento médico en la comunidad.

En 2020 se calcula que más de tres millones de mujeres están ocupadas, “subordinadas en el sector primario, y de estas mujeres, 85 por ciento está sin acceso a la seguridad social.

Sobre este tema, el boletín estadístico “Mujeres y Acceso a la Tierra” del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) de mayo de 2020, da a conocer que en las localidades rurales, la reproducción de la vida está fuertemente vinculada con el trabajo de la tierra. No obstante, uno de los mayores obstáculos que enfrentan las mujeres es la falta de seguridad en materia de propiedad o tenencia de la tierra, hecho que, a la par, les impide acceder a apoyos públicos y a la toma de decisiones.

En México hay 61.5 millones de mujeres, de ellas, 23 por ciento habitan en localidades rurales, representan 34 por ciento de la fuerza laboral y se estima que son responsables de más de la mitad de la producción de alimentos en el país.

En las localidades rurales, la reproducción de la vida está fuertemente vinculada con el trabajo de la tierra. No obstante, uno de los mayores obstáculos que enfrentan las mujeres es la falta de seguridad en materia de propiedad o tenencia de la tierra, hecho que, a la par, les impide acceder a apoyos públicos y a la toma de decisiones.

Sin acceso a la propiedad de la tierra, la comunidad relega a las mujeres en la toma de decisiones que impactan directamente en la vida de ellas y sus familias, incluso, en numerosas comunidades rurales e indígenas del país, cuando los hombres emigran, las mujeres son las que trabajan las tierras, pero no se les reconocen derechos sobre ellas, aun si los dueños no regresan.

En este escenario, tener un título de ejidataria o comunera provee la oportunidad de presidir a los órganos que rigen las decisiones de organización que se toman sobre la tierra. Sin embargo, de los 14.6 mil ejidos y comunidades con órganos de representantes, sólo 7.4% fue presidido por una mujer en 2019. Esto tiene un patrón desigual entre las entidades del país donde las presidencias a cargo de las mujeres van del 2.2 por ciento a un máximo de 20 por ciento. Sólo 25.9% de las personas que poseen un certificado parcelario que las acredita como ejidarias o comuneras son mujeres.

Por esta razón, las mujeres al no ser propietarias de la tierra no pueden ser beneficiarias de subsidios, créditos y equipamiento.

El limitado acceso de la mujer a los recursos y su insuficiente poder adquisitivo derivan de factores sociales, económicos y culturales, todos interrelacionados, que le relegan a un papel subordinado, en detrimento de su propio desarrollo y el de la sociedad en su totalidad.

En la mayor parte de las áreas rurales, las dos actividades que más consumen el tiempo de las mujeres son la recolección del agua y de la leña. La vasta deforestación y desertificación convierten estas tareas en cargas cada vez más pesadas e impiden a la mujer dedicar más tiempo a labores productivas y generadoras de ingreso. En algunos casos, las mujeres pasan parte de esta carga a sus hijos, y en general a las hijas. Aminorar este trabajo de recolección de agua y leña y elaboración de alimentos, permitiría a las mujeres disponer de más tiempo para el trabajo productivo y brindaría a sus hijas e hijos la posibilidad de acudir a la escuela.

Sin embargo, es una realidad que las mujeres y niñas rurales enfrentan particularidades y mayores obstáculos para ejercer sus derechos. Esto significa que las vidas de poco más de 10 millones de mujeres están determinadas por un territorio, condicionamientos culturales y redes de dependencia de producción y supervivencia radicalmente diferentes a las mujeres que viven en zonas urbanas.

De acuerdo con datos nacionales, 6 de cada 10 mujeres rurales viven en pobreza, la expresión más lacerante de la desigualdad. En materia de educación, las mujeres rurales mayores de 15 años han estudiado en promedio solo 6.6 años, cifra que a nivel nacional es de 9 años.

Ante esta situación, el Gobierno de México ha implementado diversos programas para contribuir al bienestar y restituir los derechos de las mujeres que viven en zonas indígenas y rurales. Por ejemplo, se ha eliminado el requisito de solicitar que sean ejidatarias o propietarias para acceder a los programas, pero falta mucho por hacer como mejorar las condiciones de salud, vivienda e ingresos, especialmente con jefatura femenina y población indígena. Otro de los puntos tratados es promover el acceso de las mujeres a la propiedad de la tierra, el agua, la tecnología y la información de mercados.

El Día Internacional de las Mujeres Rurales fue establecido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el 15 de octubre de 2008, en la víspera del Día Mundial de la Alimentación para destacar el rol de las mujeres rurales en la producción de alimentos y la seguridad alimentaria. Ambos días preceden al Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza que se conmemora el 17 de octubre.

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