La inversión en el sector agropecuario y la producción nacional de alimentos se vendrán abajo de prosperar la iniciativa que ya evalúan comisiones del Senado para enajenar las propiedades de productores agrícolas y pecuarios que posean más de 100 hectáreas, advirtieron el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) y el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA).
Esto, alertaron, desembocará en una mayor importación de granos, algunos de los cuales en octubre alcanzaron nuevos volúmenes récord, como el maíz amarillo, con casi 12 millones de toneladas.
El CNA y GCMA coincidieron que con esta nueva iniciativa la perspectiva de gravedad para los productores agropecuarios comerciales se profundiza aún más debido, entre otras razones, por la cancelación de importantes apoyos que el Gobierno de la 4T hizo desde el inicio de su gestión a la agricultura comercial para favorecer los apoyos asistencialistas.
“Lo que necesitamos es certidumbre y esto es lo contrario, todo esto frenará la inversión en el campo y elevará aún más las importaciones de granos. Hemos hecho la tarea (producir alimentos) y lo único que hemos recibido son ataques”, lamentó Bosco de la Vega, presidente del CNA.
“Estas medidas no dan certidumbre y provocarán menor inversión para aumentar la productividad ya que, sólo en granos, los grandes productores producen entre 30 a 35 por ciento de la producción total, pero la iniciativa afectará a todos los cultivos y también a ganaderos”, añadió Juan Carlos Anaya Castellanos, director de GCMA.
El Senador morenista José Narro Céspedes, presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara Alta, propuso incluir en el Artículo 27 Constitucional la figura de “propiedad social”, adicional a la de propiedad, privada que ya existe y que desde 1992, según el CNA, ha favorecido la sana coexistencia productiva con ejidatarios.
También busca que el Gobierno sea el único en establecer los procedimientos para el fraccionamiento y enajenación de las extensiones de tierra que rebasen los límites que existen hoy para cada actividad del campo.
Para el ramo agrícola, por ejemplo, hasta ahora el máximo permitido en riego es de hasta 100 hectáreas por individuo y el Congreso y las legislaturas estatales son los que establecen los procedimientos para los excedentes de los límites para cada ramo del sector.
“No la han dado a conocer toda (iniciativa), pero lo que sé es que si hubiera excedentes en el que una persona física tuviera más de 100 hectáreas, habría algo así como que saldrían a cotizarse, porque se venderían por parte del estado y se reasignarían”, adelantó De la Vega.
“La intención pareciera una auditoría que va a atentar contra la tenencia de la tierra y lo que no nos gusta también es que viene a centralizar todas las decisiones para la enajenación a través de las leyes secundarias que aplicaría el Gobierno federal y que tampoco conocemos, eso de dejar fuera a los estados son criterios centralistas que no parecen razonables”.
Anaya Castellanos reiteró que el impacto de esta medida afectará a todos los que en sus tierras propias, o por renta de suelos, tienen explotaciones agrícolas y/ganaderas en extensiones superiores a las 100 hectáreas.
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